La historia no es nueva: chica sin recursos pide ayuda a la Junta de Andalucía por estar sufriendo maltratos y esta para ayudarla le quita la custodia de sus hijos alegando problemas psiquiátricos de la madre -dos psiquiatras del Servicio Andaluz de Salud certifican lo contrario- y por falta de formación de la madre -ella a vivido tutelada desde los 6 hasta los 18 años y no se preocuparon de proporcionarle la "formación adecuada"-. Este es el caso de Sara Casas Hernández.

Estos niños pueden ser declarados en desamparo y adoptables. Algunos padres para evitar que les quiten la tutela de sus hijos van a dar a luz a clínicas privadas y no los registran para que no consten en ningún sitio, ¿qué futuro podrán tener esos niños que por culpa de las administraciones ni siquiera existen desde el punto de vista administrativo? otros padres incluso se van del país para poder quedarse sus hijos.

Podéis leer más al respecto aquí: El País o ABC.

Pero este no es un caso aislado, vaste recordar los casos de Carmen Fernández, Carmen Espejo, Alejo Pozo, Carmen Espejo, Gabriel Velamazán y otras historias (reportaje muy interesante) y otras muchas historias.

Mi propuesta: que se cumpla la ley; que no se separe a los hermanos y, más importante todavía, que se ayude a los progenitores a resolver los posibles problemas que puedan tener y en el caso de ser necesaria la acogida -no adopción- que esta se busque inicialmente entre la familia extensa (abuelos, tios,...).

Ya sabemos todos que en muchos casos las acciones que se toman pueden estar justificadas, pero deberían de estarlo en todos los casos. Que esto no se parezca ni remotamente a algunas adopciones que se han hecho durante la dictadura Argentina (como le ha ocurrido a Alejo Pozo).